AYOTZINAPA,
EL PARTEAGUAS
Ing.
Fernando Padilla Farfán
El asunto de Ayotzinapa, sin lugar a dudas será el parte aguas que
marcará una época en el Mexico de hoy. La política, la administración pública y
la sociedad, podrían ser diferentes a partir de la línea divisoria entre el
México de los rezagos y el país de la evolución. La transición tendrá sus
costos políticos, sociales y hasta
económicos, mientras las cosas se reacomodan.
Por el momento, el panorama
está convulso, nebuloso. A partir de los lamentables hechos en Ayotzinapa, la
sociedad se está moviendo en todas direcciones. Las tétricas sorpresas no paran
ni se ciñen nada mas a Guerreo. Las funestas noticias suben y bajan, van y bienen provocando verdadera catarsis
social, y, por supuesto, sobran los que del río revuelto están acarreando agua
para su molino. La arenga pública está presentando pliegues y curvas. Por
ejemplo, de los Abarca ya nadie se acuerda a pesar que ante el escrutinio
publico fueron la parte filosa del
cuchillo. Sin embargo, hay algo que aún flota en el ambiente
ensombrecido de Iguala, Guerrero: ninguna autoridad ha dicho algo en relación a
quienes dieron la orden a los estudiantes de aquella Normal, para que se
trasladaran a Iguala (según unos) o a la Ciudad de México y luego al norte del
País (según otros). Tampoco se ha precisado sobre el verdadero móvil del
desplazamiento de los jóvenes a Iguala o a otro lugar, considerando que algunos
de sus compañeros estaban apoderándose de otros autobuses para, presuntamente,
realizar un viaje de mayor distancia. Esta hipótesis motivaría a pensar que el
destino final no era ni siquiera Iguala, tampoco Chilpancingo, la capital; sino
otro lugar que, por las exigencias de combustible, pareciera que estaría a una
mucho mayor distancia.
Y siguen las interrogantes:
Que un destacamento militar cerca, que
quienes iban al frente de los normalistas no eran compañeros suyos, etcétera.
Se ha criticado la reacción
tardía del gobierno federal. La izquierda señala -con índice flamígero-, al Presidente de la República. La sociedad ha compartido esa idea, los
extremistas han sabido vender esa imagen. Lo que ha sido evidente es que
algunos colaboradores del Presidente Peña Nieto han asumido una cómoda postura
marginal y contemplatoria. No se ha visto que alguien esté aplicando una de las
principales fórmulas de la praxis política: Actuar a tiempo y con eficacia. Se
han visto lentos.
Sin embargo, hay varios
aspectos que deben analizarse con la frialdad de la razón. El personaje principal de ésta historia es el
ex gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, pero como si se
hubiese esfumado. Ya nadie se acuerda de él.
Lo mismo ocurre con el matrimonio de los Abarca, que a pesar de que todo
indica que ellos fueron los autores de las peores atrocidades jamás vistas en
México, sus protectores los sacaron de
los escenarios públicos y tampoco nadie se acuerda de ellos. Sus protectores
supieron manipular el preciso discurso para que la gente volteara hacia otro
lado, fuera de Guerrero. Lo peor de todo, es que la perorata está acompañada de
hechos violentos con los que ni siquiera los familiares de los jóvenes
desaparecidos están de acuerdo. Cualquiera sabe que esto lleva a los peores
escenarios.
Tratar de desestabilizar al
país no le conviene a nadie, excepto a quienes le apuestan al caos total. No
debemos olvidar que compartimos frontera (3,000 kilómetros) con el País más
poderoso del mundo, y que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de
defender sus intereses, así fuera solicitando a la ONU la intervención de los
cascos azules, con el disfraz de ayuda y apoyo, pero que vendría a ser la parte
menos deseada por todos los mexicanos con espíritu nacionalista y patriótico.
El control de daños ahora ya es alto. Las manifestaciones están tomando un
curso diferente al que inexorablemente conduce el dolor humano y los deseos por
detener de tajo, el daño que se está haciendo a las familias mexicanas que
sufren y padecen la desaparición de sus miembros.
Escudriñando en éste asunto
hay una cuestión que no debe pasar desapercibida que vendría a ser la parte
sustantiva de lo que está ocurriendo con el tejido social, y que sumada a
irresponsabilidad de algunas autoridades, sería el detonante más letal que
pueda sufrir cualquier país en el mundo.
Desde hace una generación,
las familias han entrado en un creciente deterioro. La disolución familiar es
tema recurrente en estos tiempos. El concepto del matrimonio está a punto de
desaparecer. El divorcio es la moda de las parejas. El número de madres
solteras es cada vez más alto, y la educación de los hijos es delegada a los
maestros de las escuelas donde estudian los que estudian. Los valores están
técnicamente extraviados. Los hijos crecen con la irresponsabilidad de los
padres a cuestas. Y si la política se alimenta de lo social, pues a la vista
están las consecuencias.
El derecho de manifestarse
por motivos sensibles para la gente son válidos y deben ser respetados por las
autoridades en general. El problema es que ya existe, por norma, la intromisión
en todo tipo de manifestaciones de intereses externos a través de extremistas
que intentan llevar las cosas pisoteando los derechos de terceros (que suman
millones). Son precisamente aquellos que instigan a la toma de carreteras, de
casetas de peaje con el beneficio directo del cobro por extorsión a los
automovilistas, y que representan cantidades millonarias que van a los
bolsillos de quienes se auto erigen como los ejecutores de la justicia. Por
igual, se han visto afectados los aeropuertos con la obligada cancelación de
infinidad de vuelos; la banalización de sedes partidistas y de oficinas de
Congresos, palacios municipales y cualquier otras instituciones que tengan que
ver con los poderes.
La solidaridad para con el
dolor de las familias de los desaparecidos es incuestionable y está manifiesto
en los ciudadanos. Pero aprovechar las circunstancias para derrumbar un
gobierno por vías anti democráticas, es
otra cosa.
La izquierda, campantemente
deslindó su responsabilidad del ex gobernador Guerrero y del ex alcalde de
Iguala, ambos perredistas, y le pasó la factura (completita) al gobierno
federal que encabeza Enrique Peña Nieto.
Los habitantes de las
principales ciudades de la República se sienten rehenes de los que enmascarados
se mueven sin control por doquier, desvirtuando el verdadero espíritu de las
expresiones de impotencia por lo ya comentado líneas arriba.
Por eso urgen acuerdos de
profundidad entre los tres niveles de gobierno y la sociedad civil. Es
necesario que las principales autoridades establezcan acuerdos de fondo,
trascendentes y convincentes. Aún estamos a tiempo.
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